La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Castilla y León valoró la integración de las competencias de Bienestar Social en la Consejería de Sanidad, ahora denominada Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y consideró que este cambio estructural debe suponer “una oportunidad real de mejora” y no una simple reorganización administrativa.

El sindicato advirtió de que la ampliación de competencias, dirigida por Alejandro Vázquez, “no puede limitarse a un cambio de organigramas”, sino que debe ir acompañada de recursos suficientes, planificación efectiva y una respuesta adecuada a las necesidades crecientes de la ciudadanía. En este sentido, CCOO subrayó que el nuevo modelo “asume más competencias que requieren coordinación, pero arrastra deficiencias estructurales, incumplimientos, falta de diálogo y una negociación en ocasiones bloqueada incluso por resoluciones judiciales”.

En el ámbito sociosanitario, la organización sindical alertó de que la Comunidad afronta una realidad demográfica marcada por el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda de cuidados, atención a la dependencia, discapacidad y servicios dirigidos a personas mayores. CCOO criticó que el marco regulador de los centros residenciales continúa basándose en una normativa “desfasada, de hace más de 25 años”, que no se adapta a la realidad asistencial actual, como recoge Ical.

Además, denunció la ausencia de negociación en la regulación del sector, el incumplimiento de ratios mínimos de personal, deficiencias en la formación y una capacidad inspectora “prácticamente limitada”, así como la falta de integración efectiva del personal sanitario en centros donde la mayoría de usuarios presentan situaciones de dependencia. También cuestionó el desarrollo de proyectos de coordinación sociosanitaria “sin información previa a los órganos de negociación y sin evaluación posterior”.

En el ámbito sanitario, desde CCOO insistieron en la existencia de incumplimientos laborales pendientes, como el abono del complemento de sábados a todas las categorías, la ejecución de sentencias relativas al denominado “solape”, y la finalización del proceso de estabilización derivado de la Ley 20/2021, cuyo retraso, señalaron, está alimentando una bolsa de temporalidad “insostenible”. También reclamaron avances en la gestión de bolsas de empleo y la activación de grupos de trabajo sobre retribuciones, recursos humanos y carrera profesional.

“No es aceptable que acuerdos alcanzados en mesa de negociación permanezcan bloqueados. La Administración debe cumplir lo pactado y garantizar la igualdad entre trabajadores y trabajadoras”, sostuvo la organización sindical, que considera que esta situación refleja una falta de voluntad política para abordar problemas estructurales del sistema.

En relación con el personal facultativo, CCOO recordó que presentó desde 2022 diversas propuestas que siguen sin respuesta, como la reducción de la jornada complementaria sin pérdida retributiva, medidas de fidelización o mejoras en la Atención Primaria. El sindicato subrayó que muchas de estas competencias son autonómicas y no dependen del Estatuto Marco estatal.

Finalmente, CCOO alertó del deterioro del empleo público en la comunidad, citando datos recientes de la EPA que reflejan una pérdida aproximada de 6.000 puestos de trabajo en las administraciones públicas de Castilla y León. Según la organización, esta reducción repercute directamente en la calidad de los servicios públicos.

Ante esta nueva etapa, CCOO afirmó que mantendrá una posición de “vigilancia activa” y exigencia en la defensa de los derechos laborales y de los servicios públicos. “Si este Gobierno es continuidad del anterior, encontrará a CCOO defendiendo a los trabajadores y trabajadoras, exigiendo negociación y soluciones. No daremos un paso atrás”, concluyó el sindicato.