El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León exige que la sanidad pública garantice de forma “efectiva” el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, a la prestación de ayuda para morir y a la atención sanitaria integral a personas LGTBI, con protocolos “homogéneos”, una dotación “suficiente” de personal y recursos y la eliminación de cualquier barrera “organizativa o ideológica”.

“La Administración autonómica debe velar por su cumplimiento real, garantizando igualdad territorial, seguridad jurídica y respeto a la autonomía de pacientes”, sostiene el CES en el capítulo de recomendaciones del Informe sobre la situación económica y social de Castilla y León en 2025, consultado por Ical.

Asimismo, el CES plantea una batería de medidas para atajar las “debilidades estructurales” que presenta la sanidad en el medio rural debido a la dispersión territorial, el envejecimiento y la “escasez” de profesionales, lo que denuncia genera “diferencias” entre provincias. Para ello propone incentivar las plazas sanitarias de difícil cobertura, acelerar el despliegue de la telemedicina para conectar con especialistas e incorporar equipos multidisciplinares, con podólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales o nutricionistas.

Al respecto, el CES apuesta por garantizar la “suficiencia financiera” para que la calidad del servicio sea “idéntica” en el mundo rural y en el urbano. Además, aboga por “reforzar, reordenar y equilibrar” los recursos destinados a la Atención Primaria, así como por  impulsar la telefarmacia, a través de la digitalización de sus servicios y mediante la creación de redes colaborativas que permitan compartir recursos y mejorar la eficiencia en zonas con menos habitantes.

Igualmente, el CES avala las derivaciones a la sanidad privada que para reducir las listas de espera, sobre las quirúrgicas, pero también reclama reforzar y ampliar los recursos humanos disponibles mejorando las condiciones laborales y ampliar la dotación de recursos tecnológicos. Además, reclama el desarrollo un plan de acción para abordar las enfermedades raras, implantar una nueva estrategia de prevención del suicidio y seguir avanzando en la coordinación sociosanitaria.

Asimismo, el CES considera que la integración de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario debería ir acompañada de una regulación “estricta” que impida la sustitución de criterios médicos, la reducción de personal cualificado, la vulneración de derechos de pacientes y profesionales, los posibles sesgos y discriminaciones o la calidad asistencial. “Es necesario apostar por una IA ética y responsable, capaz de generar progreso sin dejar a nadie atrás”, advierte.

Educación

En materia educativa, el CES insta a las administraciones a adoptar medidas específicas para proteger a los menores frente a los riesgos derivados del uso “intensivo” de plataformas digitales, entre ellos, la adicción tecnológica, la manipulación informativa, la mercantilización de datos personales y las nuevas formas de vigilancia y control social. Así, se recomienda promover una educación digital “crítica” y basada en el respeto a la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, las diferencias culturales y el medio ambiente.

En relación al acoso escolar, se propone reforzar la inspección educativa y establecer cauces de comunicación “ágiles” que permitan actuar con rapidez ante cualquier situación de violencia o discriminación. Además,  aboga por trabajar en la orientación escolar temprana para romper con los estereotipos de género y dar visibilidad a referentes femeninos en el ámbito de la ciencia y la innovación. 

También, demanda recuperar la inversión perdida hasta alcanzar, al menos, la media europea en términos de porcentaje del PIB, “mantener y reforzar” las ayudas para la adquisición de dispositivos digitales y libros de texto, así como implantar medidas compensatorias en todos los centros sostenidos con fondos públicos que cuenten con alumnado vulnerable cuyas desventajas o barreras sociales, económicas o culturales dificultan su aprendizaje.

Finalmente, el CES entiende que el modelo de bilingüismo debe ser evaluado y adaptado para mejorar su calidad, adelantando su inicio a la etapa infantil y garantizando que el profesorado cuente con la acreditación de nivel C1 y el apoyo necesario.