El portavoz del Ejecutivo autonómico en funciones, Carlos Fernández Carriedo, pidió hoy al Gobierno central que se reúna con los representantes de los profesionales de la sanidad para intentar buscar una solución a la petición de aprobar un Estatuto Marco, que recoja cuestiones que “en gran medida son razonables”.

Al respecto, recalcó que la falta de diálogo entre el Ministerio de Sanidad y los profesionales la pagan los ciudadanos y las comunidades autónomas que ven como se incrementan las listas de espera y los profesionales que “seguramente” no quieren ir a la huelga y se ven obligados.

Los médicos en España exigen un Estatuto Marco propio que reconozca las particularidades de su profesión, enfocándose en la eliminación de las guardias obligatorias de 24 horas (buscando un máximo de 17), una reducción de la jornada laboral a 35 horas, y la mejora de retribuciones y jubilaciones anticipadas.

El portavoz del Gobierno autonómico en funciones precisó que hay que pensar que en este semestre se incrementarán las listas de espera en todas las comunidades autónomas y se retrasarán determinados procedimientos diagnósticos y esto impactará en el conjunto de los ciudadanos. “Muchos pensarán que puede ser responsable la Comunidad autónoma porque la gestión sanitaria corresponde a las comunidades, pero lo cierto es que protestan contra un estatuto marco que ha puesto encima de la mesa al Gobierno y que lo aborda sin diálogo, sin voluntad de acuerdo y perjudicando los intereses de los profesionales”, dijo.

Asimismo, recordó que el Gobierno central tiene escasas competencias en materia sanitaria, y lo poco que gestiona, añadió, no lo utiliza para resolver las dificultades de las comunidades autónomas sino para complicar la vida de los ciudadanos, como recoge Ical.

En este aspecto, aseguró que la Comunidad autónoma está “afectada” por una huelga que se inició a principios de año y que ha provocado cirugías que no se han podido realizar al igual que pruebas de consultas y diagnósticas.

“Tenemos que lamentar que muchos ciudadanos se han visto perjudicados en sus intereses, seguramente no en los casos de urgencia, pero sí en muchas actividades programadas que suponen un trastorno muy grande porque se ha dado una cita a unas personas y a veces las familias han pedido unos días para acompañar a sus familiares y finalmente han acudido a recibir ese tratamiento y no lo han podido recibir como consecuencia de la huelga de la que no somos responsables las comunidades autónomas pero que lo estamos sufriendo en primera persona”, destacó.

Asimismo, avanzó que la Consejería de Sanidad pondrá en marcha iniciativas para reducir las listas de esperas, pero aludió a que por mucho que se refuerce los trabajos durante las tardes de las tres semanas en las que no hay huelga en el mes, será muy difícil recuperar en cada uno de estos períodos todo lo que se pierde en una semana completa de huelga.

Por último, reseñó que el Gobierno autonómico es partidario del diálogo con los médicos, y el Gobierno debe encontrar el encaje jurídico para solventar las dificultades que los profesionales encuentran en su ejercicio, y exigió un “punto de encuentro con diálogo” para no enquistar el asunto que afecta a todos.