ICAL - El Consejo de Ministros aprueba la propuesta de distribución territorial total de 172,4 millones para el desarrollo del Marco Estratégico de ambas áreas

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad, acordó en la reunión de hoy del Consejo de Ministros destinar 10,5 millones de euros a Castilla y León para Atención Primaria y Comunitaria. En total, se distribuirán 172,4 millones entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para reforzar la Atención Primaria y Comunitaria durante el ejercicio presupuestario de 2026. 

Según explican desde el Ejecutivo en un comunicado difundido por Ical, la medida permitirá continuar desarrollando las actuaciones previstas en el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria (MAPyC) y consolidar las líneas de trabajo recogidas en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.

En ese sentido, apuntan que el acuerdo da continuidad al compromiso del Gobierno con el fortalecimiento estructural, organizativo y funcional de la Atención Primaria, que consideran “un eje esencial del Sistema Nacional de Salud”. 

Entre las actuaciones financiadas destacan la ampliación de procedimientos diagnósticos accesibles desde Atención Primaria, la optimización de procesos administrativos, el impulso de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la transcripción conversacional en consulta y la renovación de infraestructuras y equipamientos clínicos.

Asimismo, los créditos permitirán reforzar la capacidad diagnóstica de infecciones de transmisión sexual, impulsar programas de salud comunitaria y escuelas de salud para la ciudadanía, avanzar en sistemas de notificación de incidentes relacionados con la asistencia sanitaria y promover revisiones estructuradas y seguras de la medicación en personas con enfermedades crónicas complejas y polimedicación.

El Plan de Acción 2025-2027 también contempla medidas específicas para la detección temprana de la violencia de género desde Atención Primaria, la implementación de recomendaciones de humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, así como actuaciones orientadas a la prevención de la exposición al alcohol durante el embarazo y la lactancia.

Los criterios de distribución territorial de los fondos se basan principalmente en la población protegida equivalente, con ponderación adicional de variables geográficas como superficie, dispersión e insularidad. El acceso al la totalidad de los créditos condicionados estaba vinculado al cumplimiento de compromisos en recursos humanos y estabilidad docente y, tras verificar que las autonomías de régimen común y el Ingesa cumplen con los cuatro requisitos, todas han sido autorizadas para recibir la totalidad de esos fondos en este ejercicio.