ICAL - El Consejo Interterritorial incorpora el papel de la enfermería como figura de referencia, amplía los plazos de aplazamiento y regula la donación de órganos tras la prestación

l Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó hoy la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, que actualiza el documento de referencia elaborado tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) en 2021. La nueva versión incorpora la experiencia acumulada durante más de cuatro años de aplicación de la norma y unifica criterios para garantizar una aplicación homogénea de la prestación en todo el territorio nacional.

Entre las principales novedades figura el reconocimiento formal de la enfermería como figura de referencia dentro del equipo asistencial. El manual concreta sus funciones en el acompañamiento e información al paciente, la preparación del entorno y del material necesario y la prestación de los cuidados propios de su competencia, además del apoyo a familiares y cuidadores durante el proceso y el duelo.

El documento también impulsa la creación de unidades administrativas de apoyo en las comunidades autónomas para facilitar la tramitación de las solicitudes, mejorar la coordinación entre los servicios de salud y ofrecer información tanto a los profesionales como a la ciudadanía. Asimismo, amplía hasta seis meses el plazo para que un paciente pueda aplazar la prestación una vez reconocido su derecho, regula los supuestos de suspensión temporal del procedimiento y aclara las condiciones para el archivo de los expedientes cuando estos permanezcan inactivos.

Otra de las novedades es la incorporación de un apartado específico sobre la donación de órganos tras la eutanasia, adaptado a los protocolos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), así como la actualización del Registro Nacional de Instrucciones Previas para incluir expresamente la ayuda para morir. El manual también recuerda que el fallecimiento derivado de esta prestación tiene la consideración legal de muerte natural y refuerza las medidas para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad mediante formatos adaptados y apoyos a la comunicación.

Con esta actualización, el Consejo Interterritorial pretende reforzar la seguridad jurídica, la calidad asistencial y la igualdad en el acceso a un procedimiento cuya aplicación se desarrolla de forma coordinada en todo el Sistema Nacional de Salud.