ICAL - Denuncian que el decreto de Ratios genera dos modelos de atención residencial para mayores porque “no garantiza la presencia de profesionales con la cualificación necesaria para la atención directa”

Ocho entidades del ámbito sanitario y social de Castilla y León expresaron su preocupación ante el Decreto que desarrolla la tipología de centros de servicios sociales para cuidados de larga duración y regula las ratios mínimas de personal en Castilla y León, por lo que reclamaron que las residencias cuenten con profesionales que garanticen la atención centrada en la persona, según un comunicado recogido por Ical.

Los colegios profesionales de Terapeutas Ocupacionales, de Fisioterapeutas, de Educadores y Educadoras sociales, la Federación Vecinal de Valladolid ‘Antonio Machado’, la Unión de Consumidores de Castilla y León, la Coordinadora de Pensionistas de Burgos, la Plataforma Social de Castilla y León y Marea de Residencias de Segovia solicitan así a la Junta que recoja la obligatoriedad de contar con profesionales sanitarios y sociales en las residencias.

Este borrador, que establece unas ratios de personal genéricas sin especificar un número para cada tipo de disciplina sanitaria o social, supondrá que las residencias no estarán obligadas a contar con perfiles profesionales concretos cuya ausencia no garantiza el principal objetivo de la ley, la atención integral centrada en la persona.

El Decreto, prosiguen las organizaciones, “introduce las figuras del gestor de caso y del personal de referencia, no establece las profesiones o las acreditaciones necesarias que deben tener los profesionales para desempeñar estas funciones”. Esta falta de concreción “genera incertidumbre sobre la adecuada cobertura de las necesidades de las personas mayores y en situación de dependencia de las residencias de Castilla y León”.

“Para garantizar la atención centrada en la persona es fundamental la elaboración personalizada de un plan de apoyos que, debe ser confeccionado en función de sus necesidades cognitivas, físicas y sociales, por lo que debe contarse con los profesionales especialistas en estas disciplinas”, apuntó, en relación a fisioterapia, terapia ocupacional, educación social, animación sociocultural, enfermería y trabajo social.

Igualmente, la “ausencia de esta concreción, además de en una merma en la calidad de la atención y en detrimento de la salud de los usuarios, supondría un mayor coste para el sistema sanitario a medio y largo plazo al tener que atajar problemáticas de salud que habrían podido ser prevenidas con una atención cercana y directa”.

Por ello, las entidades firmantes instaron a la Junta “a abrir un proceso de diálogo con los profesionales del sector sanitario y social en el que se garantice la presencia de los profesionales adecuados en los centros de mayores y de día, asegurando así el bienestar y la calidad de vida de los castellanos y leoneses, especialmente de aquellos más vulnerables”.

La mayor queja que manifiestan los familiares de las personas ingresadas en centros residenciales es que “carecen del suficiente número de profesionales de atención directa que garantice los cuidados necesarios para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria”. Por eso, consideró “necesario que se establezcan sistemas que permitan conocer permanentemente si se cumplen las ratios que se establecen el proyecto de Decreto”.

Por último, las entidades firmantes exigen que el nuevo decreto “incluya con claridad lo establecido en la normativa anterior garantizando la presencia de profesionales como son médicos, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, educadores sociales; en los centros de servicios sociales para cuidados de larga duración, tal como establece la normativa vigente”.

Además, demandaron un control diario de las ratios de personal para asegurar su cumplimiento en todo momento y la adecuación de estas ratios a la alta dependencia de los residentes. “Queremos una definición clara de las funciones y cualificación del gestor de caso y del profesional de referencia, evitando que personal sin formación adecuada asuma responsabilidades críticas en la planificación de los apoyos”, señalaron, para rechazar la contratación de personal de atención directa sin titulación en zonas rurales y solicitar la unificación de la normativa para facilitar su aplicación.