La Proposición de Ley sobre los puestos sanitarios de difícil cobertura logró hoy la unanimidad de todos los grupos en la Comisión de Sanidad de las Cortes, último paso en la tramitación legislativa antes de que se someta a votación del Pleno previsto para el 16 y 17 de diciembre. Los grupos Popular y Vox, promotores de la iniciativa, retocaron en las últimas horas el texto que logró la adhesión de todos lo procuradores de la Comisión. Por parte del grupo socialista, Jesús Puente justificó su apoyo en que la práctica totalidad de las enmiendas presentadas por su grupo ya habían sido “transpuestas”, motivo por el que no se debatió ninguna de ellas.

También salió adelante la enmienda presentada por Vox, apoyada por el PP, para acotar el desarrollo reglamentario de la ley a un plazo de dos años que se justifica en lo “excesivamente técnica” que es la materia, según la procuradora de Vox, Rebeca Arroyo, quien justificó el plazo para “dar seguridad jurídica a la ley y transmitir voluntad y compromiso firme con llevarla adelante a profesionales y ciudadanos”.

Este plazo fue considerado como excesivo tanto por Jesús Puente (PSOE) como por Francisco Igea. Éste último ironizó que en este tiempo “puede haber dos convocatorias electorales”, señaló, mientras que el procurador socialista defendió que “existe mucha urgencia para llevarla a cabo y a estos dos años se suman los tiempos para el traslado de concursos”.

Sin embargo, PP y Vox rechazaron casi todas las enmiendas vivas del resto de grupos, dado que “no se ajustan al espíritu de su norma” o que “ya están recogidas en la ley”, argumentos que trasladaron en varias ocasiones los procuradores ‘populares’ José María Sánchez y Paloma Vallejo. Los proponentes solo aceptaron una enmienda, presentada por UPL-Soria Ya, y que correspondía, tal y como explicó la leonesista Alicia Gallego, a la solicitud para “homogeneizar” el lenguaje del texto en cuanto a la denominación de “los puestos sanitarios de difícil cobertura en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León”, cuestión que aceptó el PP, en el marco, dijo Paloma Vallejo, de la “buena sintonía de todos los grupos con esta ley”.

Entre algunas de las enmiendas rechazadas se encuentran una presentada por el procurador Pedro Pascual, de Por Ávila, que pedía vincular la difícil cobertura a todas las categorías sanitarias, algo que según el PP “ya refleja la ley, de forma consensuada, y que mejora la ponencia sobre el texto inicial”. Además, se rechazaron otras dos enmiendas de Soria Ya con argumentos similares, para que las plazas no se asocien solo a a médicos y especialistas, sino a otras categorías, “como técnicos sanitarios”.

También se echaron para atrás tres enmiendas de UPL para “dar prioridad” al medio rural, aquellas zonas “más alejadas de los hospitales de cabecera y que dificultan su atención por los ciudadanos”. Igualmente, Alicia Gallego apuntó hacia la necesidad de establecer una distancia en kilómetros para decidir cuándo se declaran este tipo de plazas de difícil cobertura, como ya ocurre con las farmacias, algo que el PP consideró “arbitrario” y que deberá recogerse en un estudio posterior que se recoge en el futuro reglamento de la ley.

Este apartado fue apoyado por el Grupo Socialista. Javier Campos consideró que las zonas alejadas “deben contar con un marcado apoyo” y que 50 kilómetros, que es el planteamiento de UPL, “ya recoge las singularidades del territorio, en zonas que sin ella quedarían con menos oportunidades”. No se mostró a favor el procurador Francisco Igea, quien señaló que “si se acaban incentivando plazas de difícil cobertura con 800 tarjetas”, puso como ejemplo, “se acabará incentivando la permanencia”. En este sentido, invitó al PP a “poner una cifra o porcentaje”. Tomó la palabra Jesús Puente (PSOE), quien consideró que “sería un ‘Aliste 2.0’”, porque “modificar las demarcaciones por la puesta de atrás no nos termina de convencer, con 80 o 40 por ciento”.

Carrera profesional

Sobre la parte del articulado que se refiere a la carrera profesional, Soria Ya propuso dos años en lugar de tres como máximo para haber prestado servicios en un puesto declarado de difícil cobertura en el servicio, algo que fue rechazado. También hubo tiempo para debatir lo que todos calificaron como enmienda “romántica” al artículo 12, y defendida por Pedro Pascual, en el que pedía a la Consejería de Sanidad que “promueva la contratación de la pareja de la persona que ocupe una plaza de difícil cobertura, en el marco de una unidad familiar, estable, no casada, y debidamente acreditada”. Este planteamiento despertó “curiosidad” del resto de grupos, sobre todo en el PP, por la forma en que se puede “acreditar las parejas”, algo que Vallejo intuyó que sería a través del registro de parejas de hecho. “Queda precioso”, concluyó Pascual, entre risas. En todo caso, la “enmienda romántica” quedó rechazada.

Por último, Alicia Gallego propuso la inclusión de un último artículo basado en la colaboración institucional con Portugal para una sanidad “de calidad”. “Consideramos necesario contar con todos para cubrir todas las plazas de difícil cobertura”, sostuvo, con lo que a los convenios con comunidades vecinas, apuntó en llevar a cabo “colaboración” con Portugal “para dar una asistencia de futuro a la sanidad pública”. Paloma Vallejo, del PP, reiteró que “no hay un ámbito competencial para un convenio transfronterizo y excede del ámbito de esta ley”, a pesar de que admitió que “seguramente estén de acuerdo”. Gallego matizó que “la competencia sanitaria es de la Junta y la herramienta es la ley”. “Están intentado aprobar una ley y no hacen uso de ello”, señaló. En este sentido, quedó rechazada esta incorporación.