La Unión General de Trabajadores (UGT) exigió hoy a la Junta de Castilla y León llevar a cabo inspecciones a las bases de transporte sanitario, tras las deficiencias detectadas en la provincia de Soria, para que los trabajadores de este servicio externalizado por Sacyl tengan unas instalaciones dignas y no estén en “cuadras”, que incumplen las normas en materia de seguridad laboral. El sindicato también demandó un protocolo autonómico para la admisión y recepción de pacientes en el transporte sanitario no urgente, ya que en cada provincia e incluso en cada centro hospitalario funciona de una manera diferente. 

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT denunció las injustas condiciones laborales que sufren los entre 3.500 y 4.000 trabajadores del transporte sanitario de la Comunidad, ya que una parte importante cobra el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y más de la mitad cuenta con otro empleo para llegar a finales de mes. Entre otras demandas, el sindicato pidió la creación de la categoría profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) en Sacyl, par “dignificar” a este personal.

La secretaria de transporte sanitario en UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Marta Vian, subrayó que es necesario un “cambio de rumbo urgente” porque los trabajadores “sostienen el sistema pero el sistema no sostiene a los empleados”. “La administración licita contratos que, luego, no controla y hay una falta de planificación, hasta que el servicio funciona gracias al esfuerzo de los trabajadores”, aseveró. 

Empleados que, precisó, se les exige una cualificación (grado medio de Formación Profesional de técnicos de emergencias sanitarias) que luego no se les reconoce ni se les recompensa, al carecer de la categoría profesional.

Vian recordó, según recogió la Agencia Ical, que el transporte sanitario es un servicio básico del sistema público de salud, ya que sus profesionales llegan a las zonas más rurales y donde hay complicaciones para cubrir los puestos sanitarios. “En ocasiones, el personal de las ambulancias es el único que permite a estas personas acceder a la sanidad, sin olvidar los enfermos que se trasladan a los hospitales para recibir tratamientos”, añadió.

A falta de un año para la finalización del contrato, UGT demandó a la Consejería de Sanidad que comience a trabajar en el nuevo pliego y así no prorrogar a la actual empresa. En la actualidad, el grupo HT Group ofrece ese servicio en todas las provincias de Castilla y León, salvo en Soria. “La Junta tiene que preparar la nueva programación para sacar una licitación para el transporte sanitario terrestre”, manifestó la líder sindical. Una prórroga, comentó, puede afectar a las condiciones que se deberán negociar con el convenio colectivo. 

Por su parte, el responsable autonómico de transporte sanitario de UGT SP, Roberto Mellán, destacó que la Junta es “la primera y la última responsable” de este contrato, por lo que reiteró la necesidad de que los trabajadores cuenten con unas condiciones “medianamente dignas”. Puso el ejemplo de las bases de la provincia de Soria, que, a su juicio, incumplen todas las normativas mínimas y básicas de condiciones de trabajo y a nivel sanitario. No en vano, expuso que los empleados están obligados a lavar su propia ropa, pese a que puede estar expuesto a riesgos biológicos. 

En cuanto a la falta de un protocolo claro para la recogida de los pacientes que reciben el alta hospitalaria, Mellán apuntó que ellos son trabajadores de una empresa externa y no de Sacyl. Una situación que, añadió, puede generar una situación de “solape de responsabilidades” o de indefensión jurídica cuando se hace cargo de un enfermo dentro del propio hospital. “La Junta debe determinar de quién es la competencia en los casos del transporte programado o no urgente tanto dentro como fuera de los muros y así evitar conflictos”, declaró.

El secretario general de UGT Servicios Públicos, Tomás Pérez, cargó, de nuevo, contra la Junta por externalizar un servicio y luego “desentenderse”, ya que no lleva a cabo un control del cumplimiento de los contratos, como ocurre con el transporte sanitario. “Pedimos que la Junta realice inspecciones para que las bases estén en unas condiciones dignas y que el servicio se preste de manera adecuada. No puede consentir que las empresas hagan lo que que quieran por que esas compañías y las ambulancias son, al fin y al cabo, la imagen de Sacyl”, concluyó. 

Además, denunció que la empresa adjudicataria de Sacyl utiliza algunas de las ambulancias para servicios privados que contratan los ayuntamientos de los pueblos en los festejos taurinos y los encierros durante el verano, pese a ser exclusivas para el traslado de enfermos y pacientes del sistema público de salud.