ICAL - El sindicato presenta una denuncia ante Sanidad en la que relata casos de agresiones y alerta de las medidas “superficiales y temporales” adoptadas por el Gobierno autonómico

UGT Servicios Públicos Salamanca exigió hoy a la Consejería de Sanidad de Castilla y León medidas “inmediatas y efectivas” para evitar las “agresiones verbales y amenazas físicas” en diferentes centros de salud de la capital salmantina. 

Por ello, este sindicato ha presentado una denuncia ante esta Consejería en la que se relatan los casos de agresiones que se han producido y para alertar de las medidas “superficiales y temporales” adoptadas por el Gobierno autonómico. 

UGT Servicios Públicos Salamanca consideró, en un comunicado remitido a Ical, que esta “dejación de funciones” por parte de la Administración constituye una “clara negligencia” en el cumplimiento de sus obligaciones de velar por la seguridad del personal, lo que “vulnera los derechos de los trabajadores”. 

Ante el incremento de estas agresiones y coacciones, como las que denuncian haberse producido en el centro de salud Casto Prieto, el sindicato insistió en que se adopten medidas para garantizar un “entorno de trabajo seguro” para todos los profesionales sanitarios, incluyendo la permanencia de personal de seguridad. También solicitó que se realicen campañas de sensibilización dirigidas a la población para concienciar sobre la importancia del respeto y el trato adecuado hacia los trabajadores de la salud, así como “revisiones periódicas de las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios. 

“Que la Administración asuma su responsabilidad por la dejación de funciones, negligencia y el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en virtud de la cual tiene la obligación de garantizar la seguridad y la salud del personal sanitario en el ejercicio de su trabajo”, añadió el sindicato.

Para UGT Servicios Públicos Salamanca es “absolutamente inaceptable” que los trabajadores del sector sanitario “sigan siendo víctimas de agresiones y amenazas mientras ejercen su labor”, por lo que “la Administración tiene que actuar de forma enérgica, tomando las medidas necesarias para que estos actos de violencia sean tratados como un atentado contra la salud pública, garantizando la seguridad y la correcta prestación de los servicios médicos”.