El sistema sanitario de Castilla y León bajó su grado de privatización, al pasar de 21 a 18 puntos, y se mantiene en un nivel “intermedio”, posición que conserva desde 2014 en los informes elaborados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Además, la Comunidad se sitúa en la undécima posición, frente a la octava del estudio anterior. En este sentido, logra 18 puntos, tres menos que el promedio nacional.

El undécimo Informe sobre la Privatización Sanitaria de las comunidades sanitarias 2025, que analiza la evolución del desvío de fondos públicos al sector privado, muestra un incremento sostenido de la privatización a nivel nacional del 14,7 por ciento desde 2014, al pasar de un indicador global de 16 puntos a 21. De ahí, que la Federación lamente una tendencia “preocupante” que agrava las desigualdades territoriales y compromete el derecho universal a una atención sanitaria pública y de calidad.

En concreto, la participación de la sanidad privada en la prestación pública alcanzó un promedio de 21,3 puntos, con una desviación de 4,4, sobre un máximo de 34 puntos posibles.

Castilla y León, con 18 puntos, frente a los20 del informe de 2022, los 18 de 2023 y los 21 del año pasado, se sitúa en la undécima posición, en un punto intermedio de la clasificación, al igual que en en el anterior análisis. En esta ocasión, según los datos consultados por la Agencia Ical, superan a la Comunidad en concertación con el sector privado diez autonomías, mientras seis registran una menor presencia en el sistema público.

Porcentaje más bajo dedicado a conciertos

En cuanto a las variables analizadas por la FADSP, el porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratar con centros privados fue del 3,5 por ciento en Castilla y León. De hecho es de los valores más bajos del país, por detrás de Cantabria (2,9), La Rioja (3,2) y Valencia (3,4). En el lado opuesto destaca Cataluña, con un 21,7 por ciento, y Madrid, con un 11,8 por ciento.

Además, el porcentaje de camas cubiertas por mutualidades de funcionarios es del 6,4 por ciento, el segundo más alto de España, solo por detrás de Extremadura (7,1), y el gasto en seguros privados alcanzó los 131 euros al año, muy lejos de los 376 euros de Madrid y los 332 de Baleares. También, el gasto directo per cápita o de bolsillo fue de 555, superior a los 366 euros de los canarios y lo 386 euros de los murcianos. El informe también calcula, según recogió Ical, que en Castilla y León las camas de la sanidad privada representan un 19,2 por ciento del total.

Madrid y Canarias encabezan el ranking con 28 puntos, seguidas de Baleares (27) y Cataluña (26), como el grupo con un “mayor grado de privatización”. En el intermedio, figuran la Comunidad Valencia (26), Aragón (24), Andalucía (23), Extremadura (20), Galicia y La Rioja (19, en ambas) y Castilla y León, Murcia y País Vasco (18, en cada caso). El último grupo, reservado a las comunidades con menor grado de privatización, está compuesto por Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias (18 puntos) y Cantabria (14).

El estudio, que utiliza mayoritariamente datos de 2024 y solo alguno a 2023, refleja que la derivación de fondos públicos al sector privado del negocio de la salud (privatización) está presente en todos los servicios nacionales de Salud de las comunidades autónomas. FADSP advierte que el proceso es “creciente” y “desigual” al reflejar las distintas políticas privatizadoras de los gobiernos regionales. A la cabeza (desde que se inició esta serie en 2014) están Madrid, Baleares y Cataluña. Eso sí, calificó de “llamativo” que en los últimos años el impacto de este tipo de políticas en Andalucía (32 por ciento de subida desde 2019), Extremadura (otro 32 por ciento), Canarias (32 por ciento), la Comunidad Valenciana (29 por ciento) y Aragón.

“La base de la privatización es el supuesto de que los servicios sanitarios públicos son insuficientes para satisfacer la demanda de la población a la que atienden. Esto justificaría la colaboración publico privada. Por tanto, el deterioro de la sanidad pública (infradotación, falta de políticas públicas, ineficiencia en la gestión) forma parte esencial de las políticas privatizadoras”, concluye el estudio.