Rubén Cacho /ICAL - El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, entrega las distinciones a los empleados públicos de la Consejería y ofrece un análisis de la actualidad de la Función Pública autonómica
VALLADOLID - SANIDAD
Lunes, 16 de Diciembre de 2024

González Gago insiste en exigir al Gobierno “responsabilidad” para mantener el sistema de Muface

ICAL - El consejero indica que Castilla y León sería una de las autonomías “más afectadas” y advierte de la repercusión en las listas de espera

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, insistió hoy en que el Gobierno debe cumplir con su obligación y mantener el sistema de Muface para la atención médica de sus empleados públicos. “Es un derecho que tienen consolidado los empleados públicos, que podían optar entre el régimen de Muface o el de la Seguridad Social”, dijo, para asumir también la reivindicación legítima de las mutuas para que se cubra el coste de atención de todas esas plazas.

“Lógicamente, si el Estado no está satisfaciendo los costes adecuados, las compañías aseguradoras exigen que al menos se pueda cubrir el coste que ellos tienen. Esperamos que pueda seguir saliendo el concurso por parte del Estado, porque en la primera convocatoria no ha sido cubierto y, por lo tanto, que no tengamos ninguna dificultad para seguir compaginando el sistema dual”, dijo.

González Gago asumió que Castilla y León sería una de las comunidades “más afectadas” sino se mantiene el sistema, porque “el volumen de empleados públicos que tenemos del Estado es importante”. “Por lo tanto también el Estado debe ser sensible de cara a las nuevas exigencias que eso podría conllevar en el sistema sanitario ordinario del Gobierno autonómico que se presta a través de Sacyl”, razonó.

En este sentido, trasladó que es preciso hablar de una valoración del coste por plaza de atención, y “no de lo que el Estado quiera imponer”, y advirtió de que si no se soluciona, “estamos hablando de una repercusión seguramente importante en listas de espera que lógicamente se verían incrementadas ante esa afluencia masiva y de golpe de los empleados públicos”. “Por lo tanto, responsabilidad por parte del Estado y que realice las actuaciones que tiene que realizar para que este hecho no se produzca”, sentenció.